La ley quita la propiedad estatal a los
recursos marinos y mantiene las cuotas pesqueras a los grandes industriales,
dejando a perpetuidad los contratos y a su vez permite transferir o vender como
cualquier negocio las tasas de cuotas que estos obtengan, haciendo de Chile un país
susceptible de perder su recurso a manos de capitales extranjeros y dejando de
lado a la pequeña industria artesanal.
